El Gobierno de Asturias aprueba las instrucciones para incluir cláusulas sociales y potenciar la economía social en la contratación pública


Estas medidas  persiguen que los contratos de la Administración comporten un beneficio social añadido 
Gobierno de Asturias
El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy las instrucciones y la guía práctica que regirán la inclusión de cláusulas de responsabilidad social y medioambiental en la tramitación de contratos del Principado y su sector público. El Ejecutivo autonómico persigue con estas iniciativas que la contratación pública comporte un beneficio social añadido, más allá de la mera prestación de servicios, la ejecución de obras o la adquisición de bienes, tal y como propone el Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social 2016-2019.

El acuerdo de concertación social destaca la necesidad de avanzar en la búsqueda de la mejor relación entre la calidad y el precio en la contratación pública, lo que implica la inclusión de criterios cualitativos en este procedimiento que valoren aspectos como la innovación y los componentes sociales y medioambientales. Las instrucciones aprobadas ahora establecen una serie de prescripciones para la incorporación de estos requisitos en las distintas fases de la tramitación de contratos. 

Por ejemplo, en la fase de preparación, el presupuesto base de licitación deberá reflejar, por géneros y categorías profesionales, los costes salariales estimados según el convenio colectivo del sector, siempre que ese coste forme parte del precio total del contrato. Además, los pliegos de las cláusulas administrativas particulares tendrán que hacer referencia a la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones retributivas de los empleados, según lo dispuesto en el convenio sectorial de aplicación. 

Además, si la mesa de contratación identifica ofertas anormales, requerirá al licitador que acredite, mediante la documentación oportuna, el cumplimiento de las condiciones del convenio colectivo vigente.

Como requisito especial de ejecución de los contratos se exigirá, como mínimo, el cumplimiento de las condiciones recogidas en los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, tanto para el contratista principal como para subcontratistas, sin perjuicio de que los empleados puedan beneficiarse de posibles mejoras. La Dirección General de Trabajo será la encargada de elaborar y mantener actualizado un listado de los convenios sectoriales de aplicación para cada contrato.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la guía práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social y medioambiental en la contratación, una medida que pretende aumentar la calidad del empleo, favorecer el acceso al mercado laboral de colectivos con especiales dificultades, impulsar la igualdad y promocionar el comercio justo, entre otros fines. Para lograr estos objetivos, el manual determina los pasos a seguir y las cláusulas que deben considerarse en cada caso, que pueden ser de los siguientes tipos:

- Cláusulas sociales: favorecen la calidad del empleo, la inserción de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, la economía social, la conciliación, la igualdad de oportunidades y la equiparación salarial.
- Cláusulas medioambientales: establecen la selección de productos, la prestación de servicios y la ejecución de obras que primen la eficiencia energética, la sostenibilidad, el reciclaje y la reducción de emisiones, entre otras.
- Cláusulas éticas: pretenden promocionar el comercio justo, la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal, etcétera.

La guía ha sido elaborada por un grupo de trabajo constituido el 30 de septiembre de 2016 y dirigido por la Consejería de Empleo, en el que han participado técnicos de diferentes departamentos de la Administración. 

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Los consejeros de Empleo y Presidencia durante la rueda de prensa de presentación de la guía practica.